Desde la Plataforma Sarria Aire Limpo insisten en su oposición al proyecto en Oural
Desde la Plataforma Sarria Aire Limpo insisten en que la ciudadanía de la comarca de Sarria "está desprotegida ante una actividad industrial contaminante que no hará más que agravarse con la nueva planta de producción de CSR proyectada".
Así, afirman que tras la charla informativa realizada el día 3 de abril por el grupo Votorantim, se confirma que "los residuos que recuperaría la planta de CSR proyectada en Oural se quemarían también en Oural, además de en otras plantas del grupo", y critican que en la fábrica de Oural "no existe ningún control sobre diversas sustancias como el benceno, naftaleno, cianuro de hidrógeno o los bifenilos policlorados".
Representantes de la Plataforma destacan que la Unión Europea recomienda desde hace más de una década que se controlen estas sustancias, "puesto que la evidencia científica ha demostrado que se emiten al coincinerar los residuos que utiliza la instalación como combustible, y que son nocivas para la salud de las personas".
Además, consideran que "la coincineración de residuos no es una práctica medioambientalmente deseable, sino que, de acuerdo con documentos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es un proceso sujeto a controles medioambientales más estrictos debido a los mayores riesgos que la mezcla de combustible con residuos implica desde el punto de vista ambiental en cuanto a la emisión de contaminantes".
Por todo esto, reiteran su oposición al proyecto "por el riesgo que supondrá para la salud y el medio ambiente. La Comarca de Sarria lleva décadas expuesta a la actividad contaminante de esta fábrica sin saber cuáles han sido las consecuencias sobre las personas y el territorio debido a la falta de estudios epidemiológicos y de evaluaciones rigurosas sobre el impacto de la producción de cemento y la quema de residuos en nuestra Comarca".
Y añaden que creen que se están incumpliendo las directrices europeas que el Tribunal de Justicia de la UE acaba de emitir en una sentencia del 25 de junio de 2024, en la que se obliga a los Estados miembros a incorporar evaluaciones previas de las repercusiones sobre el medio ambiente y la salud de las personas a los procedimientos de autorización ambiental de las actividades contaminantes.