El BNG lleva al pleno de la Diputación de Lugo las protestas de la sanidad, reclamando más personal y recursos
El BNG llevó al pleno de la Diputación de Lugo las reivindicaciones del personal de la sanidad pública gallega, que en las últimas semanas se está movilizando para reclamar más profesionales y más recursos tanto en la atención primaria como hospitalaria.
La portavoz del grupo provincial, Iria Castro, aseguró que “el conflicto laboral es la radiografía de una sanidad al límite a nivel estructural” y puso el foco en la situación del servicio de Urgencias del HULA, donde, según recordó, “la presión asistencial se incrementó de forma exponencial al pasar de 81.000 a 110.000 pacientes anuales entre 2022 y 2024”.
La diputada nacionalista incidió también en las demandas del colectivo de enfermería y del personal celador, que denuncian la falta de medios y espacios adecuados para desarrollar su trabajo. “Lo que estamos viendo hoy en la atención primaria es el resultado de años de falta de inversiones, de planificación y de respeto por el personal sanitario por parte del gobierno del Partido Popular en la Xunta. Cuando se debilita la atención primaria, lo que está en juego es el sistema”, advirtió.
Estas valoraciones se produjeron durante el debate de una moción en defensa de las reivindicaciones del personal sanitario, que fue aprobada con los votos favorables de BNG y PSdeG, a pesar de la oposición del Partido Popular. El texto aprobado reclama a la Xunta el refuerzo de las plantillas en la provincia de Lugo para cubrir plazas vacantes, reducir la sobrecarga asistencial y mejorar las condiciones laborales del personal médico y de enfermería, además de atender las necesidades del colectivo de celadores en cuanto a materiales y efectivos.
En la misma sesión plenaria, la corporación provincial aprobó por unanimidad otra iniciativa del BNG para exigir al Gobierno del Estado el refuerzo del servicio de Correos y garantizar su cobertura en todo el territorio lucense.
La moción denuncia los “recortes drásticos” aplicados al servicio postal, que afectan tanto a las condiciones laborales del personal como a su prestación, especialmente en las zonas rurales. Iria Castro señaló casos como la reducción de horarios en las oficinas de Samos, Bóveda y Escairón, así como la falta de personal en Valadouro, Foz o Sarria, enmarcando estas medidas en una política que, según advirtió, camina “hacia una privatización encubierta del servicio”.
La diputada valoró la unanimidad alcanzada para reclamar el refuerzo de Correos y defendió la necesidad de mantener un servicio público que priorice la rentabilidad social frente al interés económico.