El Pleno aprueba una nueva ordenanza para las residencias de la Diputación
El Pleno de la Diputación acordó este martes aprobar la nueva ordenanza que regula el acceso, los precios públicos y el régimen interno de Centros de Atención a Mayores de la institución provincial. Una medida que garantiza un sistema público más justo y adaptado a la realidad social y territorial de la provincia: reforzando los criterios de acceso, agilizando los trámites administrativos -que pasan a ser gestionados por la propia Diputación y no por los ayuntamientos-; y adaptado a la capacidad económica de los usuarios y usuarias.
El Diputado de Promoción Económica y Social explicó que “este reglamento, único para todas las residencias, es justo y social, porque protege a quien más lo precisa. Nuestro modelo de Centros de Atención la Mayores nació pensando en el rural, en la dispersión y en el envejecimiento. Precisamente por ello, porque es un servicio especialmente sensible, no puede funcionar con reglas o criterios que no se adapten a la realidad actual. El que hacemos con esta propuesta es ordenar, actualizar y fortalecer un servicio público esencial”.
Esta ordenanza incluye una serie de variaciones en el baremo de los criterios de acceso. En lo relativo a la cercanía, se incrementa el impacto de la regla de la prioridad por paisanaje, con un aumento de la puntuación para aquellas personas que vivan en el ayuntamiento en el que se encuentra el centro, seguido de los ayuntamientos limítrofes, del área de influencia y del resto de la provincia. Además, se elimina el criterio que distinguía si el ayuntamiento de procedencia de la persona solicitante contaba o no con un centro de atención a mayores, ya que todos los centros de la red funcionan actualmente al máximo de su capacidad.
Asimismo, en esta nueva ordenanza se amplía el indicador de vinculación con la residencia, puesto que, además de tener en cuenta la existencia de familiares por consanguinidad, se incluye también la posibilidad de valorar vínculos afectivos familiares, -como matrimonios-, y no solo familiares, como, por ejemplo, amigos o vecinos de algún usuario con el que deseen compartir centro “porque mantener la unidad familiar y afectiva también es parte del cuidado”.
Pablo Rivera avanzó también que “en el que afecta a la escala social, esta normativa incluye dos nuevos criterios de valoración. El primero de ellos es la introducción de la soledad no deseada, con la que se pretende favorecer a aquellas personas que se encuentren en situación de aislamiento: una realidad que afecta su salud, su autonomía y su bienestar”. Y el segundo indicador que se va a tener en cuenta es el entorno de la persona solicitante “puntuando situaciones de alejamiento reales: parroquias remotas, falta de transporte, carencia de servicios... vivir en el rural no puede penalizar, al contrario, debe ser tenido en cuenta”.
En el que tiene que ver con los trámites administrativos, el Diputado Provincial puso en valor esta normativa “porque los simplifica y los agiliza. Las personas interesadas en solicitar una plaza podrán presentar una única solicitud para tener acceso a todos los Centros de Atención a Mayores, en lugar de formalizar una por residencia como se hacía hasta ahora. Al respecto de esta cuestión, se centralizan los trámites en la Diputación de Lugo liberando a los ayuntamientos de esta cuestión”.
La medida salió adelante gracias a los votos del PSdeG y el BNG y con los votos en contra del PPdeG.
Precio público
La nueva ordenanza regula también la cuantía a pagar por las personas usuarias, una cantidad que se calculó habida cuenta de el costo real del servicio, el sistema actual de protección para las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la capacidad económica de cada persona. Pablo Rivera hizo especial hincapié en que “actualizamos el importe máximo que fijamos como tope, porque lleva ocho años sin revisión” y reiteró que “el precio que pagarán los usuarios se calcula de forma progresiva de acuerdo a sus ingresos y a su patrimonio”. En ese sentido, explicó que se garantiza un mínimo vital para sus gastos propios y necesidades básicas y “se establece una lógica redistributiva: quien más capacidad tiene, más contribuye”.
“Este modelo evita injusticias y mejora la equidad, porque introduce una Tabla Redistributiva Progresiva que afina mucho más en los tramos más habituales, es decir, en las pensiones medias, y pide más esfuerzo a quien está en situación de mayor ventaja económica”.
En esta línea, las personas con rentas bajas o medias mejorarán las su situación. Así, por ejemplo, una persona autónoma con pensión no contributiva (8.803€ anuales) abonará 545,50€, mientras que en el caso de una persona usuaria dependiente la aportación será de 568,28€. Por su parte, la pensión media en la provincia de Lugo se sitúa en casi 15.000€, por el que estas personas asumirán una aportación de 975,06€ si son autónomas y de 998,37 € en el caso de personas dependientes, unos importes que apenas varían respecto a la ordenanza anterior.
Pablo Rivera remató reiterando que “nadie debe quedar fuera de un servicio público esencial por no tener recursos. Esta ordenanza está construida exactamente para eso: para garantizar acceso, dignidad y la sostenibilidad del modelo”.
Modificación de la RPT provincial
En la sesión de este martes también quedó aprobada una modificación puntual del plantel de la Diputación provincial para este año, con la incorporación de dos nuevas plazas de secretario-interventor (habilitados nacionales), como una medida para reforzar el servicio de Cooperación con los Ayuntamientos. En este sentido, la presidenta recalcó que servirá para atender una necesidad que requiere de personal especializado, calificado y estructural, con el fin de garantizar la gestión eficiente y sostenible para los ayuntamientos y la propia Diputación.
La respuesta del Partido Popular
Por su parte, los diputados populares votaron en contra de la aprobación de las ordenanzas de funcionamiento, de precio público y del reglamento porque consdieran que PSOE y BNG suben un 60% el precio de las plazas de todas las residencias y renuncian a abrir más centros de la red de la Diputación de Lugo.
Antonio Ameijide explica que “desde el Grupo Provincial Popular decimos no a la brutal subida del 60% de las plazas, de 1.390 euros la 2.200, equiparando al alza el precio que ya habían aprobado para la propuesta de privatización de la residencia de Becerreá” y también vota en contra porque supone “renunciar a la apertura de otras residencias comprometidas” porque “al no prever más ingresos, se entiende que no cuentan tener más usuarios”.
El popular advierte que “con el estudio económico que trajeron al Pleno es más que evidente que no hay previsión económica para asumir aperturas de noticias CAM: la alcaldesa de Guitiriz y diputada de gobierno o el ex presidente de la Diputación deberían estar preocupados”, igual que el alcalde de A Pobra do Brollón a lo que sugiere “espabilar” porque “los diputados del BNG no el vano a hacer, sino que van a votar el que les mande el PSOE” y los ayuntamientos que esperan que PSOE y BNG cumplan su palabra, tenemos que pueden seguir esperando”.