El PP busca la unión de los plenos para pedir a Pedro Sánchez medidas contra él déficil de facultativos
El Grupo Provincial Popular defenderá en el pleno de la próxima semana una iniciativa que busca la unanimidad de toda la corporación para exigir, desde la Diputación de Lugo y el resto de instituciones al Gobierno central, medidas para paliar el déficit de facultativos en la atención primaria.
La iniciativa se presentó en una rueda de prensa en la que participaron la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, los diputados del Grupo Provincial Popular, así como alcaldes y portavoces populares en la provincia, ya que se trata “de un problema que afecta al conjunto de la sociedad”.
En esta iniciativa se insta al Gobierno del Estado a agilizar el proceso de homologación de títulos de los profesionales sanitarios, mientras no se transfiera esta competencia a Galicia; a incorporar de inmediato las nuevas plazas acreditadas a la oferta formativa de especialista; a modificar el Estatuto Marco para elevar hasta los 72 años a edad máxima para el ejercicio de la profesión médica; a acelerar la implantación de la especialidad de médico de urgencias, e impulsar en la línea del que vienen haciendo comunidades como Galicia, medidas que permitan incentivar las plazas consideradas como de difícil cobertura para así lograr su cobertura
La realidad de la atención primaria “está siendo difícil” en toda España por un problema de déficit de especialistas en medicina familiar y comunitaria de alcance estatal, lo que hace prácticamente imposible cubrir las plazas en los casos de jubilaciones, bajas o ausencias.
Elena Candia destacó que “este problema no es nuevo y ya lo conocemos desde hace años” y recordó cómo con un gobierno de Mariano Rajoy al frente del Estado ya se buscaron soluciones. “Desde hace años sabíamos que esta difícil situación iba a llegar, por eso ya en abril del 2018, las Comunidades Autónomas, junto con el Gobierno de aquella presidido por Mariano Rajoy aprobaron, por unanimidad, en un Consejo Interterritorial una serie de medidas prioritarias para corregir las carencias que se estaban originando”.
Pero, continuó Elena Candia, “aquellas medidas quedaron sin efecto con la llegada al Gobierno de España del PSOE, en junio de 2018, que postergó y no dio cumplimiento al pactado en el Consejo Interterritorial, empeorando así, cada año, la situación de la atención primaria”.
Por su parte, Antonio Ameijide destaca que “es el Gobierno central lo que tiene la responsabilidad en esta materia y en estos años nada o poco hizo para resolver la situación, más bien se dejó correr el tiempo sin tomar decisiones”.
En este sentido, destaca el portavoz popular que “prácticamente todas las medidas que se llevaron a cabo en estos años fueron en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, que fueron quien de asumir sus responsabilidades en materia sanitaria, con mucho esfuerzo y sin lo apoyo del Gobierno estatal”.
Ata tal punto llegó la situación que comunidades de distinto signo político suscribieron un manifiesto impulsado por Galicia (PP) y País Vasco (PNV) donde reclaman al Gobierno de España una serie de medidas urgentes para solucionar la situación en la que se encuentra la atención primaria. A este manifiesto se unieron en un primer momento más comunidades autónomas como Cataluña (ERC), Castilla y León, Andalucía o Madrid, entre otras.
Antonio Ameijide destaca que “ya van siete años, seis ministros de sanidad y ninguna voluntad política por parte del Gobierno central del Partido Socialista en poner solución a una problemática que afecta a todo el país y a la salud de la gente”.
Por su parte, el diputado Francisco Balado afirmó que “estamos cansados de ver mociones de PSOE y BNG exigiendo contrataciones a la Xunta, a pesar de que saben que no hay médicos disponibles para cubrir las vacantes, y nunca reclamando al Estado que es lo que pone freno a la formación e incorporación de nuevos profesionales”.
La Xunta de Galicia actuó y, haciendo uso de sus competencias, elaboró una ley que la habilitó para convocar plazas consideradas de difícil cobertura mediante concurso de méritos.
En cambio, la inacción del Gobierno central por poner soluciones arriba de la mesa que faciliten que haya facultativos que las comunidades puedan contratar hace que muchos ayuntamientos gallegos tengan serias dificultades para cubrir las plazas que quedan vacantes o las bajas del personal sanitario.