La Diputación le pedirá a la Xunta replantear el Anteproyecto de ley de Administración Local
El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes una propuesta de Gobierno en defensa de la autonomía y de la financiación de los ayuntamientos y de las diputaciones gallegas frente al Anteproyecto de ley de Administración Local de Galicia (ALALG).Una propuesta de Gobierno que salió adelante con los votos a favor de PSdeG y BNG y que contó con los votos en contra del PPdeG.
“Sí que podemos coger más competencias, pero tienen que ser financiadas”, afirmó la presidenta de la Diputación, Carmela López, antes del inicio de la sesión, incidiendo en que el actual texto no acompaña las nuevas obligaciones de partidas presupuestarias.
El diputado Pablo Rivera Capón fue el encargado de defender una postura que, segundo señaló, no entra en “matices técnicos”, sino en cuestiones de fondo: “quien decide, quien paga y quien responde cuando el paisanaje llama a la puerta de un ayuntamiento o de la propia Diputación”. En ese sentido, se pide que se retire o replantee sustancialmente el documento antes de su tramitación parlamentaria.
Rivera Capón reconoció que la actualización de una ley vigente desde 1997 es necesaria, pero advirtió que no puede hacerse a costa de debilitar la autonomía local ni de trasladar nuevas obligaciones a las entidades locales sin los recursos correspondientes. “Tal y como está formulado, el anteproyecto no fortalece el municipalismo: tutela, recentraliza y traslada responsabilidades sin garantizar financiación”, afirmó.
El Gobierno provincial puso especial énfasis en las deficiencias del proceso de elaboración de la norma. Según expuso el diputado, el texto “nace mal tramitado” al no contar con la participación efectiva de ayuntamientos y diputaciones, y al no cumplir con la consulta pública previa establecida en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015.
A esto se suma, segundo denunció, la ausencia de memorias económicas, un elemento que consideró imprescindible para evaluar el impacto real de la ley: “es fundamental saber cuánto cuesta el que se anuncia y quien va a asumir la factura”. En este sentido, advirtió de que la asignación de competencias sin financiación suficiente acaba por convertir la autonomía local en “papel mojado”.
Defensa del modelo territorial y de los ayuntamientos pequeños
Otro de los ejes centrales de los alegatos presentados por la Diputación de Lugo tiene que ver con la protección del modelo territorial gallego. La institución provincial mostró su preocupación por un texto que elimina referencias a figuras propias como parroquias y comarcas, al tiempo que introduce un marco competencial poco definido.
Rivera Capón advirtió de que esta indefinición puede tener consecuencias especialmente negativas para los ayuntamientos más pequeños, al abrir la puerta a delegaciones que limiten su capacidad real de decisión y gestión. Además, alertó de posibles procesos de reorganización territorial sin garantías democráticas suficientes.
En este contexto, la Diputación reclamó el respeto a la Carta Europea de Autonomía Local e insistió en que cualquier proceso de fusión municipal debe contar con la participación activa de la ciudadanía.
Críticas a la financiación y al Fondo de Cooperación Local
La financiación fue otro de los puntos más criticados. El diputado subrayó que no se puede hablar de eficiencia si esta se traduce en “más obligaciones y la misma cartera”.
En relación con el Fondo de Cooperación Local, denunció que su supuesta naturaleza “incondicionada” queda en tela de juicio con la creación de subfondos que, en la práctica, condicionan el acceso a los recursos. “Es un juego de palabras que reduce la margen real de decisión de las entidades locales y dificulta la planificación, al depender cada año de los presupuestos”, explicó.
20 alegatos y voluntad de diálogo institucional
La Diputación de Lugo presentó un total de 20 alegatos al texto, que fueron aprobadas en el Pleno y que buscan introducir cambios sustanciales en la futura norma.
El Gobierno provincial reiteró su disposición al diálogo institucional y recordó que esta posición ya fue trasladada por la presidenta al presidente de la Xunta, en un encuentro en el que se puso de manifiesto el tono constructivo de la propuesta. Asimismo, avanzó que este proceso tendrá continuidad en una reunión bilateral Junta–Diputación, en la que se abordarán los alegatos “punto por punto”. El objetivo, segundo indicaron, es lograr una reforma útil y equilibrada antes de su tramitación parlamentaria.
La Diputación insistió en que no se trata de bloquear una reforma necesaria, sino de evitar una mala reforma: una que amplíe obligaciones sin financiación, introduzca mecanismos de tutela, altere el modelo territorial y abra la puerta a decisiones estructurales sin garantías.
No a la guerra
El Pleno también aprobó la moción presentada por el grupo socialista en contra de la guerra, defendida por el diputado Xosé María Arias. La iniciativa expresa el rechazo de la Diputación a cualquier conflicto bélico y reafirma el compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos como únicas vías para la resolución de conflictos.
La propuesta, que salió adelante con los votos de PSdeG y BNG, y que contó con la abstención del PPdeG, recoge los siguientes puntos de acuerdo: reclamar a los Estados Unidos, la Israel y la Irán el cese inmediato de las hostilidades antes de que el conflicto alcance dimensiones aun más graves; repudiar el régimen de Irán por la represión y por la vulneración de los derechos fundamentales de su ciudadanía, especialmente de las mujeres; defender que única salida del conflicto tiene que ser la diplomática y política; expresar la solidaridad del pueblo gallego con las víctimas civiles y con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de violencia y apoyar la posición del Gobierno de España en este sentido.