Los populares de Sarria insisten en que la ordenanza de la basura es "ilegal, arbitraria e injusta"
El Grupo Municipal del Partido Popular de Sarria respondió a las acusaciones de “bloqueo” lanzadas por el Gobierno local y defendió su postura frente a la nueva ordenanza de basura, asegurando que su rechazo fue “un voto de responsabilidad”. Los populares consideran que la situación de la recogida y limpieza viaria es “grave”, pero subrayan que eso “no legitima la improvisación ni la aprobación de una norma basada en datos falsos y criterios inconsistentes”.
Según explican, el Ejecutivo municipal trató de vincular la renovación de los contenedores y la regularización de un contrato caducado desde hace cinco años a la aprobación de una ordenanza “ilegal, arbitraria e injusta”. “El Gobierno pretendía trasladar a todos los vecinos la ineficiencia de su gestión durante los últimos cinco años, en los que mantuvo un contrato caducado”, señalan desde el grupo popular.
El PP critica que la propuesta contemplaba incrementos de hasta el 800 % en algunos casos, basados en criterios “aleatorios y sin fundamento técnico”, lo que podría derivar, advierten, en su anulación judicial. “No se puede aprobar una norma que podría dejar al Ayuntamiento expuesto a reclamaciones y devoluciones de cobros indebidos”, añaden.
Los populares recuerdan que desde el principio plantearon una propuesta alternativa “basada en datos reales de generación de residuos, respetuosa con la ley y con carácter progresivo”, que permitiera aplicar las subidas de forma escalonada para no asfixiar a familias ni pequeñas empresas. También proponían incentivar la compostaje y el reciclaje con bonificaciones, en lugar de penalizar sin justificación.
“Nosotros votamos en contra por responsabilidad —afirman—. No podíamos apoyar una ordenanza que no garantiza el principio de ‘quien contamina paga’ y que podría situar a Sarria en una situación aún peor si los tribunales la anulasen”. El PP insiste en que seguirá abierto al diálogo, pero exige al Gobierno local “rigurosidad, planificación y lealtad institucional” a la hora de abordar la renovación de un servicio que lleva cinco años en precario.