Trabajadoras de residencias se movilizan para reclamar condiciones laborales dignas
Las trabajadoras de las residencias privadas de Galicia se movilizaron para reclamar un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales y salariales, así como un modelo de cuidados que priorice el bienestar de las personas usuarias sobre el beneficio empresarial.
Las protestas, convocadas por CIG-Servizos, tuvieron lugar este viernes frente a la residencia de A Pobra de San Xiao, en Láncara, y en una manifestación que recorrió A Coruña desde la residencia DomusVi de la Ciudad Vieja hasta las oficinas de la Fundación Amancio Ortega en el Obelisco.
Las reivindicaciones se centraron en el desbloqueo de la negociación del convenio y en la intervención de la Consellería de Política Social, responsable del sector. La CIG ya anunció nuevas movilizaciones, incluida una prevista para el 28 de febrero en la provincia de Pontevedra.
Salarios bajos y sobrecarga de trabajo
Desde la firma del último convenio (2020-2023), los salarios del sector han perdido un 7,8 % de su poder adquisitivo, ya que las subidas pactadas fueron inferiores al IPC. Además, con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), más del 70 % de las trabajadoras del sector en Galicia, unas 12.000 personas, cobran actualmente por debajo del mínimo legal.
A la precariedad salarial se suma una sobrecarga de trabajo derivada de ratios de personal obsoletas. "No tenemos tiempo suficiente para atender a las personas residentes como merecen. En cinco minutos no se puede asear y vestir a una persona", denunció Beatriz Fernández, responsable del sector en Ferrol.
Otro problema añadido fue la reciente eliminación de la obligación de contar con personal de enfermería presencial las 24 horas, lo que, según las trabajadoras, provoca que el personal auxiliar de clínica tenga que administrar medicación sin la formación adecuada.
Además, las bajas laborales por enfermedades musculoesqueléticas, habituales en el sector, no están reconocidas como enfermedades profesionales, lo que penaliza económicamente a las afectadas.
En la negociación del nuevo convenio, la CIG reclama una subida salarial digna, la reducción de la jornada laboral, mejoras sociales y una ampliación de las coberturas en situaciones de incapacidad temporal.
Un modelo privatizado que favorece a las grandes empresas
En la manifestación de A Coruña, Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, denunció la negativa de DomusVi, principal empresa del sector en Galicia, a aceptar mejoras laborales. Criticó que la última propuesta de la patronal, presentada en octubre, fue "de auténtica miseria" y que, desde entonces, no ha habido avances en las negociaciones. Por ello, advirtió que las protestas continuarán y no se descarta una huelga en primavera.
La CIG también criticó el modelo de cuidados de la Xunta de Galicia, que apuesta por la privatización de los servicios —el 70 % de las residencias son privadas— sin garantizar condiciones laborales justas ni una atención de calidad a las personas usuarias. "Lo único que les importa es que los grandes grupos y fondos buitre sigan haciendo negocio", denunció Naya.
La central sindical lleva desde septiembre solicitando una reunión con la Consellería de Política Social sin obtener respuesta. "Solo se acuerdan de las personas usuarias para pedirles el voto, pero no para mejorar sus condiciones de vida", lamentó Beatriz Fernández.
La CIG defiende que las residencias, centros de día y demás servicios de atención a la dependencia sean públicos, para garantizar una atención digna y mejorar las condiciones laborales del personal, equiparándolas a las de las residencias de gestión directa.