ADEGA solicita al Ayuntamiento de Sarria revisar la licencia de la planta de CSR de Votorantim en Oural
ADEGA-Lugo ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Sarria en el que solicita la revisión de oficio de la licencia urbanística concedida para la construcción de la planta de producción de Combustible Sólido Recuperado (CSR) promovida por Votorantim Cimentos en Oural.
La asociación fundamenta su petición en el análisis del expediente municipal de la licencia, en el que asegura que no figura la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) para ejecutar movimientos de tierras y otras actuaciones que afectan al dominio público hidráulico, así como a la zona de servidumbre y a la zona de policía del arroyo que atraviesa la parcela donde se están desarrollando las obras.
ADEGA recuerda que la legislación en materia de aguas establece la obligatoriedad de obtener una autorización previa del organismo de cuenca para este tipo de actuaciones. Además, señala que la propia Confederación Hidrográfica Miño-Sil advirtió, en el informe emitido durante la tramitación ambiental del proyecto, de que cualquier intervención sobre los cauces y sus zonas de protección requiere una autorización específica e independiente de los informes ambientales.
En el escrito presentado, la entidad solicita al Ayuntamiento que verifique si esa autorización fue concedida y, en caso de que no exista, que inicie el procedimiento para revisar la licencia urbanística por una posible causa de nulidad. Asimismo, reclama la suspensión cautelar de la eficacia de la licencia y la paralización inmediata de las obras con el objetivo de evitar posibles daños de difícil o imposible reparación sobre el dominio público hidráulico y los ecosistemas asociados.
ADEGA considera que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental, especialmente cuando las actuaciones afectan a espacios protegidos por la legislación de aguas. La organización sostiene que la protección del dominio público hidráulico constituye un interés general que debe prevalecer durante la ejecución de proyectos industriales.
La asociación anuncia, además, que continuará realizando un seguimiento de la tramitación de este expediente y que ejercerá las acciones administrativas y judiciales que considere oportunas para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección del medio ambiente.