Representantes del PP en los ayuntamientos se reúnen para tratar sobre la subida de las tarifas de las residencias de la Diputación
Los diputados del Grupo Provincial Popular mantuvieron una reunión con los representantes del Partido Popular de los municipios que cuentan con una residencia de la red provincial de la Diputación de Lugo con el objetivo de analizar el impacto de la «desmesurada subida» de las tarifas por parte de PSOE y BNG y coordinar una respuesta conjunta ante una medida que está provocando una importante preocupación entre usuarios, familiares y vecindad.
Durante el encuentro, el portavoz provincial, Antonio Ameijide, dio cuenta del creciente malestar que existe en los municipios por la repercusión que tendrá este incremento sobre las personas mayores y sus familias. «Las numerosas quejas recibidas en las últimas semanas evidencian que la decisión adoptada por el gobierno provincial de PSOE y BNG no responde a la realidad económica de la provincia de Lugo», afirmó.
Antonio Ameijide recuerda que la actualización de las tarifas supone un incremento de alrededor del 60%, pasando los usuarios autónomos de abonar 1.080 €/mes a 1.750 €/mes, mientras que los usuarios dependientes deberán hacer frente a un coste de 2.200 €/mes frente a los 1.390 €/mes que venían pagando hasta ahora.
«Se trata de un incremento absolutamente desproporcionado e inasumible para muchas familias lucenses, especialmente en un territorio con una población muy envejecida y con un nivel de pensiones que figura entre los más bajos de Galicia», recordó.
Los diputados del Grupo Provincial Popular acordaron con los representantes populares de cada municipio coordinar una estrategia común para impulsar distintas iniciativas encaminadas a reclamar una revisión inmediata de las tarifas y la apertura de un proceso de diálogo que permita establecer unos precios más justos y acordes con la capacidad económica de las personas usuarias.
Los populares subrayan que la finalidad de la red provincial de residencias debe ser garantizar una atención de calidad y facilitar el acceso a las personas mayores que precisan de este servicio, no dificultarlo mediante incrementos que ponen en riesgo la economía de muchas familias.
Los diputados del Grupo Provincial Popular promoverán todas las iniciativas institucionales y políticas a su alcance para conseguir que la Diputación rectifique esta decisión y rebaje unas tarifas que consideran inasumibles para muchas familias lucenses.
RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN
El Gobierno de la Diputación de Lugo mostró su “perplejidad” por las últimas declaraciones del PP sobre las residencias provinciales y aseguró que los representantes populares están promoviendo una “confusión interesada” sobre la actualización de las tarifas de los centros de mayores de la institución provincial.
El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera, criticó que el PP, en lugar de defender el plan de nuevas residencias presentado recientemente por la Xunta, centre sus intervenciones en la situación de los centros de la Diputación. “Parece que a los miembros del PP tampoco les convence el plan de la Xunta”, afirmó Rivera, en referencia a la previsión de nuevas plazas residenciales, de las que, según el Gobierno provincial, casi la mitad serán de carácter privado y el resto corresponderán a plazas concertadas.
Rivera contrapuso este modelo al de la Diputación de Lugo, en el que, según explicó, tanto la propiedad de los edificios como la dirección y la gestión de los centros de atención a las personas mayores son totalmente públicas. “Frente a un modelo provincial en el que la propiedad de los edificios y la dirección y la gestión de los centros de atención a mayores son totalmente públicas, la Xunta apuesta por residencias concertadas”, señaló.
Sobre las tarifas de los centros provinciales, el Gobierno de la Diputación negó que estas hayan aumentado un 60%. La institución explicó que el coste efectivo de una plaza en una residencia provincial asciende a 2.358 euros, aunque ninguna persona usuaria paga el 100% de ese importe.
Las tarifas fueron actualizadas después de ocho años sin revisión y se establecen en función de diferentes tramos de renta. En el tramo más alto, el precio máximo que puede llegar a pagar una persona usuaria es de 2.200 euros al mes, aunque la cantidad final depende de su capacidad económica.
Según los datos facilitados por la Diputación, de las aproximadamente 400 personas que residen en los nueve centros provinciales que están actualmente en funcionamiento, el 25% vio incrementada su tarifa en menos de 60 euros al mes, mientras que para el 50% el aumento fue inferior a los 200 euros mensuales.
La institución provincial explicó también que las tarifas de los centros de mayores se calculan en función del patrimonio líquido de las personas usuarias, teniendo en cuenta la pensión y los ahorros. Los primeros 10.000 euros en cómputos bancarios no computan para este cálculo, al igual que otro tipo de patrimonio, como los bienes inmuebles y las fincas.
Además, la Diputación señaló que las tarifas no son cantidades inamovibles, sino que se calculan teniendo en cuenta las variaciones que se produzcan en la capacidad económica de las personas usuarias.