El pleno de Sarria estuvo marcado por la concentración contra la planta de Oural y la seguridad en la villa
La concentración de la sociedad sarriana volvió a marcar el pleno ordinario de Sarria con un ambiente crítico con la tramitación de la planta de residuos sólidos recuperados que Votorantim proyecta en Oural. Vecinos y vecinas se concentraron delante de la Casa Consistorial de la mano de la plataforma Sarria Aire Limpio para mostrar su oposición al proyecto y a la concesión de la licencia necesaria para su puesta en marcha.
Durante la protesta, los participantes portaron carteles en los que se podían leer mensajes como "Concello cómplice. Sarria non quere emisións tóxicas", en referencia a la tramitación municipal vinculada a la futura planta de la empresa.
Ya en el interior de la sesión plenaria, todos los grupos aprobaron por unanimidad el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 y el convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Banda de Música de Sarria, con una vigencia de cuatro años.
La seguridad ciudadana fue otro de los asuntos abordados. El Partido Popular presentó una moción para reclamar un refuerzo de los medios y efectivos de seguridad en el municipio, tanto a través del Ministerio del Interior como mediante medidas de competencia municipal.
Entre las propuestas incluidas figuraba la transformación del actual cuartel de la Guardia Civil en Puesto Principal, así como el incremento de los efectivos de los cuerpos de seguridad. La iniciativa salió adelante por unanimidad, por lo que el Ayuntamiento solicitará al Ministerio del Interior la creación de este puesto en Sarria.
La petición se justifica, entre otros motivos, por el importante número de peregrinos y visitantes que recibe el municipio, así como por su condición de cabecera comarcal, su ubicación en el Camino Francés y su extensión territorial. La conversión del puesto actual en Puesto Principal permitiría, según se expuso en el pleno, incrementar los efectivos disponibles y garantizar la prestación del servicio durante las 24 horas.
La principal discrepancia llegó con la segunda parte de la propuesta popular, relativa a la creación de una nueva plaza judicial en Sarria. La portavoz del PP, Carmen José López, defendió la necesidad de esta medida al considerar que el Tribunal de Instancia de la localidad presta servicio a unas 21.000 personas y soporta una elevada carga de trabajo.
La necesidad de reforzar el servicio judicial fue compartida por el resto de los grupos, aunque BNG y Camiña consideraron necesario implicar también a la Xunta en la petición, al corresponder a la Administración autonómica la dotación de los medios técnicos y humanos necesarios para acompañar la creación de la plaza.
En este sentido, la concejala Reyes Abella propuso solicitar a la Xunta que habilite la correspondiente partida presupuestaria y dé respuesta a las necesidades trasladadas por el juzgado de Sarria. Desde el PP rechazaron esta modificación al considerar "ilegal" destinar fondos a una plaza que todavía no ha sido aprobada por el Gobierno central. Los populares defendieron, además, que la posición de la Xunta respecto a esta cuestión ya está clara, al haber solicitado también la creación de la nueva plaza.